A 25 AÑOS

Los indultos que decretó Menem

A fines de diciembre de 1990, el entonces presidente Carlos Menem, otorgaba nuevos indultos, esta vez beneficiando a los jefes de las Juntas militares que en 1985 fueron juzgados y condenados.

Rosa D'Alesio

@rosaquiara

Miércoles 30 de diciembre de 2015 | Edición del día

Tres meses después de asumir la presidencia, en su pueblo natal El Chamical, La Rioja, en octubre de 1989 Menem anunciaba en una conferencia de prensa que había firmado cuatro decretos. Se trataba nada más y nada menos de los primeros decretos donde indultaban a los responsables del golpe militar que desde 1976 a 1983 secuestraron, torturaron, desaparecieron, y se apropiaron no solo de bienes materiales sino, además, de los niños de los detenidos-desaparecidos, muchos de ellos nacidos en cautiverio.

Entre los beneficiados por los indultos se encontraban los jefes militares procesados que no habían sido favorecidos por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, promulgadas durante la presidencia de Ricardo Alfonsín en 1986 y 1987; a los carapintadas que se habían alzado para pedir mayor impunidad durante el gobierno de Alfonsín; a los ex miembros de la Junta militar condenados por sus responsabilidades políticas y crímenes militares en la aventura de las islas Malvinas: teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, almirante Jorge Isaac Anaya y brigadier general Basilio Arturo Ignacio Lami Dozo. Los indultos también alcanzaron a los líderes de organizaciones armadas, que habían sido juzgados y condenados durante la presidencia de Alfonsín. Y a fines de diciembre de 1990, pocos días después de un nuevo alzamiento carapintada, Menem firmaba seis nuevos decretos que indultaba a los ex miembros de las Juntas de Comandantes condenados en el Juicio a las Juntas de 1985: Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola, y Armando Lambruschini.

Según el decreto N°1003 de octubre de 1989 los fundamentos de esta decisión que tomó el Poder Ejecutivo buscaban “la reconciliación, el mutuo perdón y la unión nacional”. En una nota que publicamos en este diario planteamos nuestra interpretación sobre cuáles fueron las razones y pretensiones que llevaron a Menem a firmar los indultos, donde, bajo la “teoría de los dos demonios”, volvió a igualar lo actuado por los grupos armados con el genocidio de clase que cometieron las Fuerzas Armadas, con la participación imprescindible de los empresarios que entregaron a los obreros de sus fábricas a los grupos de tareas. Incluso, en varias empresas funcionaron Centro Clandestinos de Detención. Al día de hoy estos empresarios no fueron condenados. Sólo algunos fueron juzgados pero se dictaminó la “falta de mérito”: un eufemismo con el que se intenta encubrir la impunidad de la que aún gozan los empresarios golpistas.

El 75% de los argentinos, de acuerdo con las encuestas de entonces, se oponían a los indultos. Multitudinarias movilizaciones se extendieron en todo el país, y desde Plaza de Mayo marcharon cientos de miles de personas en repudio a los indultos. Además, las movilizaciones reclamaban, juicio y castigo a todos los culpables. Una bandera que aún hoy sigue en alto.

Bajo el gobierno de Menem surgió la organización H.I.J.O.S., que con su activa participación, junto a sectores de la juventud, “escracharon” los domicilios de los represores que habían actuado en la última dictadura militar. Menem no pudo lograr la reconciliación que pretendía con estos indultos.

Anulación de los indultos

Las leyes de impunidad (Obediencia debida, Punto Final e Indultos), continuaron siendo cuestionados por amplio sector de la sociedad que se expresaban, centralmente, en las marchas por el aniversario del golpe. Cuando en 2003 asume la presidencia Néstor Kirchner, post 2001, se vio obligado a tomar las demandas de los movimientos sociales y democráticos, entre ellos el pedido por la anulación de las leyes de impunidad. En 2003 el Congreso de la Nación declarara la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, luego, algunos jueces comenzaron a declarar inconstitucionales aquellos indultos referidos a crímenes de lesa humanidad y a reabrir los casos. Lo mismo consideró, tres años después, la Cámara de Casación Penal, máximo tribunal penal de la Argentina. Después de una serie de fallos y apelaciones, en agosto de 2010 la Corte Suprema de Justicia ratificó las sentencias dictadas por tribunales inferiores, dictando la inconstitucional de los indultos menemistas a los exjefes militares. La Corte basó su fallo sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.

Políticas de derechos humanos

Las políticas de derechos humanos fueron un terreno de disputa entre el gobierno saliente y la oposición patronal. El kirchnerismo tuvo que avanzar en el juicio y castigo a los genocidas (un reclamo de los organismos de derechos humanos que se extendía a un amplio sector de la sociedad), para desviar y contener todo el proceso abierto en 2001 y volver sobre la reconciliación con las FFAA, políticas en las que habían fracasado Alfonsín y Menem. La nulidad de las leyes de impunidad, más la orden de Néstor Kirchner de descolgar los retratos de los dictadores Jorge Videla y Benito Bignone de la galería del Colegio Militar donde se homenajea a sus ex directores, son parte de este objetivo. Pretendía “recomponer la imagen del Ejército”, y mostrar que serían juzgados represores emblemáticos y que nuevas generaciones comprometidas con la democracia, integraban las FFAA. Pero los Kirchner continuaron con las políticas imperialistas llevadas adelante por el menemismo, enviando tropas a las misiones de la ONU (mientras que de la represión interna seguía a cargo de las policías, Gendarmería Nacional y Prefectura). Además de nombrar a César Milani como jefe del Ejército, un militar acusado por la desaparición en 1976 del conscripto Alberto Ledo, mantuvo en las FFAA a militares provenientes de la dictadura: en el Ejército argentino 3.381 miembros; en la Armada 543 oficiales y 759 suboficiales, y en la Fuerza Aérea 600 oficiales y 1.700.

Además, el gobierno kirchnerista infiltró las organizaciones de luchadores, a través de Proyecto X, mantuvo un cuerpo especial de la Policía Federal de mil espías, promulgó la Ley Antiterrorista, intentó, y no pudo, promulgar la ley antipiquetes. Durante su gobierno más de 2.600 jóvenes murieron en comisarías y cárceles, y 3.000 por el gatillo fácil policial, 20 personas fueron asesinados durante protestas sociales, sostuvo 9.000 policías bonaerenses que provienen de la dictadura, la misma Bonaerense sospechada de desaparecer a Julio López, y responsable de la desaparición y muerte de Luciano Arruga. El crimen de Mariano Ferreyra fue el desenlace de la asociación ilícita entre funcionarios de la Nación, empresarios y burocracia sindical. También reprimió conflictos obreros: Casino, Kraft, Lear, docentes, Donnelley, Gestamp, a trabajadores de la línea 60 y otros; más de 5.000 luchadores fueron procesados, cinco trabajadores petroleros condenados a cadena perpetua y recientemente un juicio a docentes y camioneros en Tierra del Fuego por luchar. Y ese gobierno se autodenominó como el defensor de los derechos humanos.

Mientras que bajo la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno porteño, la Policía Metropolitana, con sus altos mandos provenientes de la dictadura, fue responsable de represiones sangrientas en el Hospital Borda, o los desalojos en barrios populares como el “Papa Francisco”, el Indoamericano, este último con un saldo de tres muertos. También desalojó, reprimiendo con balas de plomo, la Sala Alberdi en el Teatro San Martín. Tuvo que disolver la UCEP después que se hicieran públicos los desalojos violentos a las personas en situación de calle. La misma Metropolitana responsable de múltiples casos de gatillo fácil, como el de Lucas Cabello, que continúa internado con pronóstico reservado. Macri también tuvo su propio aparato de espionaje en la Ciudad, por el cual fue procesado y sobreseído porque como Presidente ya cuenta con su propia justicia adicta.

El macrismo y el aparato represivo

Ya como presidente, Macri eligió entre el personal político a ex militares y funcionarios que reivindican el terrorismo de Estado. Con estos nombramientos Macri garantiza que cumplirá con lo que sostuvo durante el gobierno de Cristina de Kirchner: “en mi Gobierno se va a terminar el curro de los derechos humanos”. Recordemos que incluso, todo el bloque del PRO, se opuso la conformación de la comisión bicameral para investigar los delitos de los empresarios durante la dictadura.

A pocos días de asumir, el nuevo gobierno desplegó su aparato represivo. Frente a la protesta de los trabajadores despedidos del subte, militarizó la estación Lacroze de la línea B; reprimió brutalmente a los trabajadores de Cresta Roja que reclamaban por sus fuentes de trabajo; anunció que reglamentarán un protocolo de protesta social y que por decretó implementará la Emergencia Nacional en Seguridad.

Si bien bajo el kirchnerismo se anuló las leyes de impunidad, y se avanzó en el juzgamiento y condena de genocidas (se dictaron 663 condenas sobre 538 represores), pocos fueron los condenados por el robo de los más de 500 bebés apropiados. A 32 años de la salida de la dictadura sólo a 119 se les restituyó la identidad. Faltan 400. Ninguno de estos gobiernos constitucionales abrió los archivos de la dictadura en poder del Estado y de la Iglesia. Lo ocurrido estos días con la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, Chicha Mariani, demuestra por los laberínticos caminos que tiene que recorrer las víctimas de la dictadura. Hoy más que nunca volvemos a exigir la apertura de todos los archivos de la dictadura.







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