Política

DOCTRINA CHOCOBAR

Crisis en Cambiemos: ahora Carrió pide que el gatillo fácil sea votado por el Congreso

Ante la resolución de Patricia Bullrich, la diputada manifestó primero que esa medida era el avance “del fascismo”. Pero ahora propone votar la reglamentación en el Congreso. Republicanismo policial y crisis en Cambiemos.

Miércoles 5 de diciembre | 22:00

Foto Reuters

“A mí me parece que esta reglamentación firmada por la ministra Bullrich viola los derechos humanos fundamentales. Nosotros no vamos a ir al fascismo”, sostuvo primero Elisa Carrio frente al protocolo que permite a las fuerzas de seguridad disparar sus armas de fuego sin límite alguno, presentado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich Luro Pueyrredón.

El protocolo del Gobierno, que no es más que la consumación de la Doctrina Chocobar del gatillo fácil, fue el blanco que eligió la diputada de la Coalición Cívica para romper su prometido silencio hasta después del G20.

Las quejas por la fascistización suenan hipócritas en boca de un personaje que apoyó el 2X1 para los genocidas, que avaló a la ministra Bullrich Luro Pueyrredón frente al caso de Santiago Maldonado, llegando a afirmar que el cuerpo encontrado de Santiago era como Walt Disney y que felicitó a las fuerzas represivas que el 14 y 18 de diciembre arremetieron salvajemente contra la movilización popular en contra del saqueo a los jubilados.

Carrió fue hasta ahora un instrumento fundamental para que avanzaran los aprestos represivos y se reforzaran las tendencias a una democracia policial que anidan en Cambiemos, algo mucho más fuerte ante la enorme crisis económica y social que el ajuste dictado por el FMI provoca.

La diputada cerró su boca frente al asesinato reciente de dos militantes populares, ante la represión a los trabajadores y las trabajadoras de SIAM y frente al despliegue de una fuerza de ocupación para garantizar el G20, que son el antecedente inmediato de la resolución de la ministra de Seguridad.

Carrió disparó contra Bullrich para volver a ocupar un lugar central en la coalición derechista que el macrismo le viene negando. El Presidente y su sector vienen dejando de lado a quien fuera su “fuerza moral” y manto de “republicanismo” en favor de los operadores de los servicios y la mafia judicial.

El tema es que la medida de la ministra de Seguridad ha sido utilizada por otros sectores de Cambiemos para marcar diferencias. Así, el gobernador mendocino y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, han salido a rechazar la aplicación del protocolo por parte de sus policías provinciales. Lo mismo han hecho algunos gobernadores peronistas como Carlos Verna en La Pampa.

Por parte del macrismo ven que la política de gatillo fácil y mano dura los puede favorecer para repuntar en las encuestas.

Según algunos medios, voceros de la Coalición Cívica señalan que se trata de poner freno a la tentación bolsonarista de ir hacia un populismo de derecha por parte del Ejecutivo, que ha ratificado la decisión de la ministra Bullrich Luro Pueyrredón.

Sin embargo, esa resistencia al bolsonarismo parece haber durado muy poco ya que Elisa Carrió ahora propone que el protocolo pase por el Congreso con el fin de que sea aplicado mediante una ley nacional. El objetivo declarado de la diputada es “analizar esta norma para transformarla en ley en el marco del Congreso Nacional luego de un adecuado debate” e impedir que quede “en manos de las Fuerzas de Seguridad y Policiales, e incluso del agente de seguridad y policial individual, la decisión y la responsabilidad de afrontar las consecuencias de su accionar”.

Es decir, un pacto político para que las instituciones “republicanas” sean las que permitan que las fuerzas de seguridad hagan uso del gatillo fácil.

Mientras los políticos como Carrió y Vidal juegan a diferenciarse de las medidas más reaccionarias del macrismo, el Frente de Izquierda logró que el Poder Judicial porteño fallara en contra de la aplicación del protocolo en la Ciudad por inconstitucional a partir de una presentación de la diputada Myriam Bregman junto a personalidades y organismos de derechos humanos.

Esta resolución judicial es un primer paso para derrotar la política represiva del macrismo y la legalización del gatillo fácil mediante la más amplia y multitudinaria movilización popular.







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