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Conicet: transformar investigadores en docentes precarizados

A cinco meses del levantamiento de la toma del Ministerio de Ciencia y Técnica, resumimos los últimos acontecimientos.

Santiago Benítez

Dr. en Biología. Trabajador del CONICET - Miembro de la Agrupación Docentes e Investigadores de Izquierda.

Lunes 22 de mayo de 2017 | 11:20

En el marco de la tercera reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento para la reincorporación de los/as científicos/as despedidos de CONICET en la pasada convocatoria a Carrera de Investigador Científico (CIC), se hizo público por primera vez, desde lo firmado en Diciembre de 2016, un “ofrecimiento”, con los muchos matices que esta definición pueda tener. Después de cinco meses y tres reuniones de la Comisión Mixta, se produjo un cambio: se anunció a través del boletín oficial del MINCyT un convenio con el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación para resolver el conflicto de CONICET. Este convenio supone la creación de 410 cargos docentes (Jefe de Trabajos Prácticos –JTP-) en Universidades Nacionales destinados a quienes no entraron a la carrera de CIC en la convocatoria 2016. Hasta acá, en términos general, la propuesta oficial.

La delimitación del conflicto por parte del Gobierno es clara: nadie entra al CONICET. Lo que era un secreto a voces, ahora es palabra oficial. Clarificada esta posición, debemos entrar a analizar el conjunto de los afectados y esto implica poner en cuestión el eje sobre el que se ha sostenido hasta ahora el conflicto: el “problema de los 500”. El escenario actual es grave y sin embargo no parece haber una toma de conciencia real de los peligros a los cuales nos enfrentamos.

Nadie puede negar que las tomas desarrolladas en el Ministerio de Ciencia y en los CCT del resto del país al conocerse los despidos de más de 500 trabajadores, fueron el punto más álgido del conflicto del año pasado. El reclamo por "los 500 al CONICET" fue desde entonces uno de los emblemas de la lucha en todo el país. Pero el debate aún sigue estando centrado en la situación particular de los 500 compañeros recomendados que no ingresaron en 2016 a la Carrera de Investigador Científico (CIC). Con una nueva convocatoria a carrera cerrada hace poco más de un mes, ¿qué es lo que va a pasar cuando este año vuelva a repetirse la misma situación? Con el agravante de que se duplicará la cantidad de aplicantes, si tenemos en cuenta que la mayor parte de los compañeros que el año pasado quedaron al borde del ingreso se presentó en esta última convocatoria.

El acta acuerdo del 23 de diciembre, a todas luces desventajosa, fue defendida por muchas organizaciones como un “piso de negociaciones” para seguir “dando la lucha en 2017”. La realidad en este momento es muy diferente: las posiciones conciliadoras y desmovilizantes, funcionales a la “focalización” del “problema de los 500” están generando el aislamiento de esta lucha de la problemática general de todo el sistema de Ciencia y Técnica. Frente a los despidos, efectivos y potenciales, en nuestras asambleas sólo se han planteado medidas “simbólicas” o de “visibilización del conflicto” que no alcanzan para frenar la ofensiva del ajuste y desmantelamiento del sistema.

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La única reivindicación que puede garantizar una resolución realista del problema no puede ser abandonada y deben redoblarse los esfuerzos para no hacerlo: la inmediata incorporación de los compañeros recomendados al CONICET y el mantenimiento del índice de crecimiento de la cantidad de ingresantes a la CIC. La tentativa explícita del gobierno es la de transformar “investigadores/as” en “docentes precarizados”. El Directorio de CONICET busca descomprimir el conflicto haciendo ingresar a “carrera docente” a los 410 recomendados a CIC, rompiendo con el punto 3 del Acta Acuerdo por donde se lo mire: (1) no se desarrollarán tareas de investigación y desarrollo según los temas y lugares de trabajo propuestos; (2) los salarios serán inferiores a los que percibe un/a investigador/a de CONICET; (3) son “contratos precarios” a corto plazo (docentes interinos por 2 años y luego llamado a concurso abierto); entre otras cosas.

Todo esto en un contexto de desfinanciamiento de las Universidades Nacionales, con declaraciones de emergencia presupuestarias en varias de ellas y con un conflicto vigente en torno a la paritaria de docentes universitarios que ronda el 18% en tres cuotas (+2% en concepto de jerarquización). Básicamente, pone a docentes e investigadores a pelear por ver quiénes pagan el ajuste (mención aparte merece UPCN, gremio oficialista de todos los gobiernos, que acaba de firmar un convenio a la baja, con un mísero aumento del 20% para todos los trabajadores estatales).

Visualizándose el incipiente rechazo que generó la oferta de ingreso a “carrera docente” para 410 recomendados, el CONICET tiene una carta más para jugar. Dice que este año entrarán 450 personas a CIC. Casi que los números dan justo: estaría cubierto el ingreso de gran parte de aquellos 500 recomendados, dado que muchos de ellos volvieron a presentarse en la convocatoria 2017. Supongamos que “hacen entrar” a 450 de aquellos recomendados en la actual convocatoria. Conflicto de “los 500” resuelto, rédito político para el Gobierno. Pero ¿y después? ¿Qué hacemos con los/as compañeros/as que se presentaron este año, que corren además con la desventaja de tener un año menos de beca posdoctoral? El famoso “cuello de botella” resolverá por los mecanismos institucionales lo que no podemos resolver por los medios políticos.

La única reivindicación que puede garantizar una resolución realista del problema no puede ser abandonada y deben redoblarse los esfuerzos para no hacerlo: la inmediata incorporación de los compañeros recomendados al CONICET

El ofrecimiento no es una “mejora”, como lo señalaba JCP (Jóvenes Científicos Precarizados) antes de la reunión con las autoridades del Ministerio, sino que es una simple clarificación de posiciones. El MINCyT no está dispuesto a resolver el conflicto, ni siquiera en los términos en los que se firmó en Diciembre. La caracterización de la última propuesta como una “mejora” o el débil reclamo por un “convenio escrito” no hace más que estancar y desmoralizar la lucha. Prevalecen en esta caracterización dos sentidos retardatarios para la resolución efectiva del conflicto. En primer lugar, que el Gobierno Nacional no cuenta con los fondos necesarios y por lo tanto, hay que negociar “a la baja” pidiendo un convenio escrito sobre estos “cargos docentes”. En segundo lugar, que si en el mejor de los casos logramos que entren los 500 recomendados (como probablemente suceda en el ingreso a CIC de este año), entonces “ganamos todos” y ahí se termina la lucha.

Mención aparte merecen las agrupaciones kirchneristas. Nuria Giniger, miembro de Científicos y Universitarios Autoconvocados declaraba al diario Página 12: “Pedimos alguna prueba de ese acuerdo, algún papel, algo. Pero no tenían nada que certificara lo que expresa el comunicado, sólo palabras al aire”. Como si lo que importara fuera la palabra de los funcionarios macristas y no el contenido del acuerdo. Sin embargo, la exigencia en las vías institucionales parece ser el único reclamo mantenido con fortaleza por estas agrupaciones. Durante los últimos meses, estas agrupaciones parecen haber apostado a la desmovilización, abandonando las asambleas como espacios de base. Como quedó en evidencia en el anterior plenario de trabajadores de ciencia y técnica en Santa Fe. Su programa se orienta a “explorar las vías legislativas”, un eufemismo para limpiar la imagen de los legisladores del Frente para la Victoria que han aprobado todas las leyes pedidas por el macrismo. Incluyendo, por ejemplo, el presupuesto 2017 que contiene el recorte presupuestario para el sector científico.

Contra estos dos sentidos comunes (que el Gobierno no cuenta con fondos para garantizar puestos de trabajo en CONICET y que el conflicto se acota a los 500 recomendados despedidos) tenemos que empezar a discutir. Tal como se señala en el documento de la Red Federal de Afectados (RFA) “esta propuesta ratifica que el Gobierno Nacional cuenta con los fondos necesarios para incorporar a los/as investigadores/as despedidos/as a los puestos que ganaron por concurso pero se resiste a efectivizarlos/as porque ha tomado la decisión política de desmantelar el CONICET”. La salida no debe dirirmirse en el terreno de lo legal-institucional de un Convenio. Ni tampoco puede acotarse al “problema de los 500”. En nuestros lugares de trabajo, para poner un ejemplo, los insumos escasean por todos lados. Además del recorte en la planta de trabajadores, el desguace se lleva puesto materiales de trabajo cotidianos, infraestructura, insumos, repuestos, etcétera.

En este sentido, entendemos que, por un lado, hay que plantear de conjunto que los/as afectados/as superamos ampliamente a esos 500, que los/as afectados/as somos todos/as. Y que el Gobierno nos está poniendo un aliado de lujo, con más tradición de lucha que los/as investigadores/as, que son los docentes universitarios. Y por otro lado, debemos recuperar lo más progresivo que se logró en Diciembre de 2016. Esto es que, por medio de la acción directa y del método asambleario, se impuso a las organizaciones que estaban en la mesa de negociaciones que incluyeran al CONICET en el Acta Acuerdo, como lugar de trabajo (siendo que muchas de estas organizaciones iban a firmar el Acta a ojos cerrados).

Sobre esta base podríamos empezar a pensar un plan de reivindicaciones que enfrente el ajuste con un programa general de desarrollo del sistema científico y un plan de lucha consecuente y sólido. Hacer alianzas estratégicas con docentes universitarios y otros trabajadores precarizados, como los del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Es fundamental, exigir a los 500 que se pongan a la cabeza de los reclamos y avanzar de conjunto en la conformación de una resistencia más amplia que involucre “activamente” a los becarios/as doctorales y pos doctorales, investigadores/as, personal de apoyo y administrativos.







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